Congreso de QR pide alerta migratoria contra Borge

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Cancún.- Luego de difundirse en redes sociales que la exdiputada federal Gabriela Medrano –pareja sentimental del exgobernador Roberto Borge– se paseaba en una playa en Bahamas, el Congreso aprobó –con el rechazo de las bancadas de PRI y PVEM– un exhorto a las autoridades federales para que emitan una alerta migratoria y aseguren bienes y recursos del exmandatario, y así “garantizar la reparación del daño patrimonial ocasionado al estado de Quintana Roo”.

En medio de un acalorado debate entre los diputados de llamada “nueva mayoría” y los de la alianza PRI-PVEM, que salieron en defensa de Borge Angulo, los promotores del acuerdo advirtieron que “que existe el riesgo fundado de que el exgobernador abandone el país con el fin de evadir la justicia”.

 

La exdiputada federal Gabriela Medrano, pareja de Borge.

Este punto de acuerdo fue promovido por los integrantes de las fracciones parlamentarias del PAN y del PRD, y respaldado por los diputados de Morena, Nueva Alianza, Encuentro Social y el diputado independiente Juan Carlos Pereyra Escudero.

En el documento conjunto se señala que ya están abiertos procesos en contra del exgobernador priista y algunos de sus excolaboradores.

“Esto no es sólo un clamor popular, es justicia elemental, y va encaminado a reconstruir la confianza en las instituciones encargadas de la procuración de justicia, dejando claro que en un estado de derecho nadie está por encima de la ley, y ésta cuenta con los medios suficientes para presentar ante la justicia a los malos funcionarios y, en su caso, obligarlos a restituir el patrimonio afectado”, precisa el documento.

Los legisladores refirieron que el martes 15 se emprendieron acciones legales en contra de Borge Angulo en función del probable daño patrimonial que ocasionó al estado de Quintana Roo, a través de la enajenación, en condiciones irregulares, de 9 mil 500 hectáreas de la reserva territorial.

Pero, advirtieron:

“Si bien ya se han presentado las denuncias correspondientes ante la PGR y la Fiscalía General del Estado, al día de hoy no se han tomado las providencias para evitar que el dinero mal habido sea utilizado por el exgobernador para sustraerse de la justicia. Tampoco se ha hecho lo correspondiente para garantizar que esos recursos no sean transferidos o escondidos, con la finalidad de que sean recuperados y destinados para reparar el daño patrimonial ocasionado”.

Ante esta situación, los diputados determinaron que el Congreso solicite “a las instituciones encargadas de procurar justicia, que requieran a las autoridades pertinentes para que de manera precautoria se congelen las cuentas bancarias y aseguren los bienes y recursos necesarios en propiedad de Borge Angulo, así como de posibles cómplices y encubridores, para evitar que aquéllos sean utilizados para evadir la acción de la justicia”.

El exhorto está dirigido a PGR y a la Fiscalía General del Estado, así como al Instituto Nacional de Migración (INM) y a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

El diputado y presidente estatal del PRI, Raymundo King, acusó que la petición busca satisfacer intereses políticos y electoreros, e implica “revanchismos políticos”.

La propuesta, advirtió, va contra “la presunción de inocencia para cualquier ciudadano consagrada en la Constitución Política Mexicana y la del estado de Quintana Roo”.

Y subrayó:

“La presunción de inocencia es una garantía constitucional de cualquier individuo en nuestro país, y no puede vulnerarse ni sucumbir a caprichos políticos, por lo que el Legislativo de Quintana Roo no puede declarar la culpabilidad de ningún ciudadano, así como tampoco establecer condena alguna; por el contrario, ser garante del orden constitucional y que prevalezca el estado de derecho”.

Plan de austeridad

La víspera el gobernador Carlos Joaquín y el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Juan Vergara, presentaron el denominado Pacto de Austeridad por Quintana Roo, que implica la reducción de gastos en diversos rubros, incluido el alquiler de aviones y el pago de convenios de publicidad.

El titular de Sefiplan detalló que se pretende optimizar recursos del orden de los mil 801 millones de pesos anuales que representan 14.3% de los ingresos no etiquetados.

Entre otros rubros, el gobierno estatal pretende pasar, por renta de aviones, de unos 180.7 millones de pesos a 81.2 millones; en medios de comunicación, de 440.2 millones a 120 millones, y en apoyo a equipos profesionales deportivos pasará de 85.3 millones a 36.3 millones de pesos.

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