Angela Merkel se juega su legado como canciller del clima esta semana. El Gobierno alemán tiene previsto desvelar este viernes un ambicioso y multimillonario paquete de medidas ambientales con el que Berlín aspira a marcar un hito global en la lucha contra la crisis ambiental. Se trata además de que Alemania, el país que ha hecho bandera como pocos del ecologismo y de la lucha multilateral contra el cambio climático, vire el rumbo y pueda cumplir con los compromisos internacionales de reducción de gases de efecto invernadero. El transporte, la agricultura o la vivienda son solo algunos de los sectores que se verán afectados en la primera economía europea por un abanico de medidas que se prevé que pueda sumar al menos 40.000 millones de euros, según diversos medios.
Esta es probablemente la gran iniciativa política de esta legislatura, la última de la canciller Merkel. Los planes para refundar Europa y el resto de retos globales han quedado poco menos que en papel mojado, en una Alemania al borde la recesión y falta de tracción política. Eso, de puertas para afuera. En casa, la gran coalición que los conservadores del bloque de Merkel (CDU/CSU) comparten con los socialdemócratas (SPD) se tambalea y amenaza quiebra, debido en parte a la profunda crisis que atraviesa el socio minoritario. A final de año, además, los socios de la gran coalición tienen previsto hacer balance y decidir si merece la pena seguir adelante juntos. Por eso, este paquete del clima resulta decisivo. “Hoy es el día del año para la política alemana”, se leía el jueves en la edición digital de Der Spiegel. “La coalición pelea esta semana no solo por el clima, sino sobre todo por su propia supervivencia”, añadía la publicación
El documento, que se prevé que se negocie este jueves hasta última hora, resulta vital para un Gobierno que necesita demostrar que funciona y que es capaz de producir resultados tangibles en un país en el que la crisis climática se ha convertido en la primera preocupación ciudadana, según las encuestas. Nace en buena medida como respuesta al vertiginoso auge del partido verde alemán y coincidiendo con la megamovilización ecologista que se prevé que este viernes saque a cientos de miles de personas a la calle en todo el país. Y se produce, además, tres días antes de que Naciones Unidas celebre en Nueva York la cumbre del clima, donde, si finalmente se aprueba el paquete, Merkel podría volver a ejercer un liderazgo ambientalista, después de haber hecho los deberes en casa, o al menos sentado las bases para hacerlos.
Lo cierto es que de momento, el aura ambientalista de la que fuera bautizada como “canciller del clima” palidece. Merkel decretó el cierre de las nucleares, puso en marcha una mastodóntica transición energética y se enfrentó al negacionismo climático de Donald Trump. Pero lo cierto es que la canciller no ha estado a la altura de su reputación y sus palabras. Si Berlín no hace nada por revertir la situación actual, Alemania, el sexto país del mundo que más CO2 escupe a la atmósfera, reconoce que incumplirá sus objetivos de reducción de un 40% de sus gases de efecto invernadero para 2020 comparado con los niveles de 1990 y que va camino de incumplir su compromiso europeo de reducción del 55% para 2030.
Para evitar el incumplimiento y dar de paso un impulso a la industria alemana, lanzan ahora esta gran iniciativa que forma parte del contrato que suscribieron los partidos para forjar la coalición de Gobierno y que son, desde hace meses, objeto de un intenso debate en el seno del llamado Gabinete del clima. En él participan los ministros con responsabilidades en sectores clave para la lucha contra el cambio climático. La preocupación de los partidos es lograr que las nuevas políticas no dañen a la industria y que tampoco penalicen desproporcionalmente a la clase trabajadora.
Merkel aseguró hace unos días que “proteger el clima es un reto para la humanidad”, mientras que el vicecanciller, el socialdemócrata Olaf Scholz, aseguró que trabajan en “un paquete del clima muy ambicioso”. Conservadores (CDU) y socialdemócratas (SPD) comparten el objetivo, pero difieren en cómo alcanzarlo.
Poner precio a las emisiones de CO2 en el sector del transporte y de la construcción y establecer un mecanismo de comercio de las emisiones es una de las medidas estrella y también un punto de desencuentro entre los miembros del Gobierno. El partido socialdemócrata prefiere fijar una tasa para el dióxido de carbono, a la que los conservadores se han opuesto: la CDU opta por poner precio y comerciar con las emisiones contaminantes.
Encarecer los vuelos nacionales al tiempo que se reducen los billetes de tren y del transporte público en general es una de las medidas que se prevé que incluya el paquete. Los políticos alemanes también barajan subir los peajes a los coches más contaminantes, incentivar los eléctricos, prohibir la calefacción de gasóleo a partir de 2030 o la adaptación de la agricultura a prácticas bajas en emisiones son algunas de las medidas puestas sobre la mesa de negociación.
Pese a su envergadura, los planes no han impresionado a las organizaciones ecologistas. Tobias Austrup, experto en energía de Greenpeace en Alemania, cree que el paquete “solo tiene puntos débiles. El Gobierno quiere conseguir mucho solo con subvenciones y no con medidas vinculantes. Esos planes solo lograrán la mitad de las reducciones comprometidas para 2030”, indica el experto por teléfono. Acelerar la eliminación del carbón —2030 en lugar del 2038 previsto—, que dentro de seis años todos los coches que se vendan sean eléctricos o una profunda revisión de la política agrícola que pase por reducir la producción de carne son para Greenpeace las prioridades.
Beneficios colaterales
Además de lograr objetivos ambientales, la idea es que el paquete alemán produzca beneficios colaterales como la modernización de las infraestructuras y el tejido industrial, así como de proporcionar inversiones públicas en una economía necesitada de aliento y al borde de la recesión. El pasado lunes, Scholz advirtió de que Berlín dispone de suficientes recursos para financiar el paquete climático sin quebrar el sacrosanto equilibrio presupuestario. La resistencia alemana a endeudarse pese a la fuerte presión exterior para aplicar estímulos ha quedado una vez más en evidencia, sobre todo, cuando se trata de un tema, el ambiental, que cuenta con un importantísimo respaldo de la población. Pero el temor es que a la vez, las restricciones ambientales impongan costes a la industria en un momento delicado para la economía. La gran preocupación del SPD es que la protección del medioambiente no acabe penalizando a los que menos tienen.
“Por un lado, queremos que las medidas de protección del clima sean efectivas para cumplir nuestros compromisos, […] pero, por otro, queremos ser económicamente sensatos y que las medidas sean socialmente aceptables de manera que todo el mundo pueda permitirse la protección ambiental”, ha explicado Merkel.
Pero más allá de evidencias científicas y de posibles efectos económicos lo cierto es que el paquete es fruto de la presión política y ciudadana, que empuja a los partidos del Ejecutivo alemán. En primer lugar, Los Verdes. La formación ecologista experimenta un ascenso continuado desde hace meses, que la ha colocado en segundo puesto en las encuestas de intención de voto, muy por delante de los socialdemócratas y no tan lejos del bloque conservador de Merkel. A la contienda partidista se le añade la efervescencia ecologista de una ciudadanía para la que el medioambiente se ha convertido en una de sus principales preocupaciones y que este viernes tiene previsto salir en masa a la calle, a secundar una convocatoria de Fridays for Future, el movimiento estudiantil iniciado por Greta Thunberg.
