Ahmadineyad acusa de corrupción y abuso de poder a influyentes funcionarios de Irán

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Mahmud Ahmadineyad ha vuelto. Incapaz de adaptarse al retiro que aguarda a quienes ostentan un cargo una vez que concluye su mandato, el expresidente iraní lleva un año buscando titulares y despertando todo tipo de conjeturas. Ahora ha puesto en su punto de mira a dos de los influyentes hermanos Lariyani, el presidente del Parlamento, Ali Lariyani, y el jefe del Poder Judicial, Sadegh Lariyani, a quienes acusa de corrupción y abuso de poder.

Ahmadineyad, que ejerció entre 2005 y 2013, ha dicho que los Lariyani estuvieron detrás del ataque a la Embajada del Reino Unido en Teherán, en noviembre de 2011, con el fin de desprestigiar a su Gobierno. En una entrevista con el portal de noticias Dolate Bahar esta semana, también afirma que Ali Lariyani, que encabezó el equipo negociador nuclear, desobedeció sus órdenes y no permitió que las conversaciones tuvieran éxito.

Dado el entusiasmo atómico que profesó mientras estuvo en el poder, sorprende esa queja. Sin embargo, Ahmadineyad responsabiliza a su inveterado enemigo (y al sucesor de éste en el equipo nuclear, Said Yalili) de haber hecho fracasar un preacuerdo alcanzado en 2009 por el que Teherán iba a intercambiar uranio poco enriquecido por barras de combustible para su reactor de investigación.

Son declaraciones explosivas, incluso en un país como Irán donde las luchas de poder alcanzan niveles sin parangón para un sistema autocrático. Pero las iras de Ahmadineyad se concentran sobre todo en la Judicatura. Denuncia que “toma decisiones políticas disfrazadas de jurídicas”, que no es independiente y que, a menudo, fabrica casos con intereses espurios. “La corrupción en el Poder Judicial supera a la del resto de los poderes”, defiende el exmandatario, quien acusa a los hermanos de Sadegh Lariyani, el jefe de esa autoridad, de recibir sobornos para agilizar trámites.

“A mis hermanos nadie les unta. (…) No he usurpado tierras a las afueras de Qom para montar una explotación de ganado vacuno. No tengo el monopolio de la importación de productos farmacéuticos. No tengo una cuenta personal donde la gente ingresa las tasas, ni me quedo con los intereses que generan”, declara con indisimulada ironía Ahmadineyad, quien ya en su día se hizo un nombre por su estilo populista y bombástico.

Algunas de estas acusaciones no son nuevas. El diputado reformista Mahmud Sadeghi ya cuestionó al ministro de Justicia, hace un año en el Parlamento, sobre los rumores de que el jefe del Poder Judicial recibía las tasas de los procesos judiciales en 63 cuentas a su nombre y se quedaba con los intereses. Aquella intervención motivó que Sadegh reprochara a su hermano Ali (presidente de la Cámara) que hubiera permitido que se suscitara el tema, y un intento de detener al diputado a pesar de la inmunidad parlamentaria.

“Con anterioridad, algunos miembros de la oposición, disidentes o familiares de afectados han hablado de esos problemas, pero es la primera vez que un cargo tan alto y con acceso a información confidencial critica tan duramente al Poder Judicial y dice que no tiene miedo a las consecuencias”, señala un analista iraní, convencido de que Ahmadineyad no puede haber ido tan lejos sin tener pruebas.

De momento, ni el líder supremo, Ali Jamenei, ni el actual presidente, Hasan Rohaní, han comentado sus invectivas. El portavoz de la Judicatura, Mohseni Ejei, ha salido al paso restando importancia a Ahmadineyad. “Es un fanfarrón al que hace tiempo que nadie quiere y eso le hace sufrir”, manifestó el pasado martes, sin entrar a desmontar sus acusaciones.

No obstante, y a pesar de su actual irrelevancia política, Ahmadineyad aún cuenta con simpatizantes entre las capas populares y muchos se preguntan cuáles son sus intenciones. Volver al Gobierno ha quedado descartado después de que el año pasado, desoyendo el consejo del líder supremo, intentara concurrir a las elecciones y fuera descalificado por el Consejo de Guardianes.

Algunos analistas han visto en sus ataques a los Lariyani una maniobra de distracción ante las críticas que, a raíz del reciente terremoto en la provincia de Kermanshah, ha suscitado el programa de viviendas sociales que promovió durante su presidencia. Al parecer muchos de los edificios se derrumbaron o resultaron dañados a causa de la mala calidad con que se construyeron. Pero ese asunto es sólo el último caso que pone en entredicho su reputación o la de sus aliados. Y Ahmadineyad ya llevaba tiempo enfrentado con los influyentes hermanos.

En un reciente discurso en apoyo de Hamid Reza Baghaei, que fuera su vicepresidente y que está siendo juzgado por malversación de fondos públicos, dijo no querer que “el país esté bajo control” de la familia Lariyani. Dados los rumores de que Ali Lariyani planea presentarse a las presidenciales en 2021 y de que Sadegh Lariyani se postula como sucesor de Jamenei, su órdago buscaría cerrarles el paso para proteger a su entorno, y quizá allanar el camino a otros intereses. Es sólo cuestión de tiempo que los Lariyani respondan a sus agravios.

La opinión pública iraní, por su parte, se muestra decepcionada porque cada bando saca a relucir los trapos sucios del otro no por el bien común sino para avanzar sus intereses. Muchos temen que, cuando muera Jamenei, esas luchas se hagan incontrolables.

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